El ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) niega que doscientos nuevos buques pesqueros extranjeros obtengan acceso a las aguas surinamesas. Según el ministerio, se trata de la actualización de una relación pesquera existente con Venezuela, regulada desde 1986 mediante acuerdos sucesivos.
LVV ofrece la aclaración tras informaciones y preocupaciones en la sociedad sobre el acuerdo pesquero recientemente suscrito entre Surinam y Venezuela.
Según el ministerio, el acuerdo se refiere a buques de pesca con línea que enarbolan bandera venezolana y que han estado activos en aguas surinamesas durante décadas. Los buques pescan principalmente pargo rojo y caballa.
El último acuerdo entre ambos países data del 13 de febrero de 2007 y no fue renovado posteriormente. Según LVV, los acuerdos actuales deben volver a establecer jurídicamente la relación pesquera existente y adaptarla a los requisitos nacionales e internacionales.
La licencia surinamesa sigue siendo obligatoria
Según el ministerio, el acuerdo no concede a los buques venezolanos libre acceso a las aguas surinamesas. Cada buque debe contar con una licencia de pesca surinamesa y cumplir las condiciones establecidas anualmente por Surinam.
La legislación y normativa surinamesas siguen siendo plenamente aplicables. En caso de infracciones, pueden imponerse, entre otras medidas, multas y la suspensión o revocación de licencias.
Además, Surinam conserva la facultad de adoptar medidas cuando el monitoreo o la investigación científica den motivo para ello. Estas medidas pueden referirse a licencias, zonas de pesca, temporadas de pesca y otras condiciones para la gestión de las poblaciones de peces.
Mayor control y monitoreo
Según LVV, la actualización tiene precisamente como objetivo hacer que la pesca sea más controlable y transparente. El nuevo marco contempla, entre otras cosas, el monitoreo mediante Vessel Monitoring Systems y Automatic Identification Systems, más conocidos como VMS y AIS.
También se incluyen inspecciones en el mar y en los puertos, el despliegue de observadores y el intercambio de información sobre buques, capturas y desembarques. Asimismo, el sistema debe ayudar a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, también conocida como pesca IUU.
Desembarque obligatorio en CEVIHAS
Las capturas deben ser desembarcadas centralmente en CEVIHAS N.V. o en otro puerto público o estatal designado por el ministro de LVV. Allí deberán ser inspeccionados y tramitados los buques y sus capturas.
Según el ministerio, los buques pesqueros utilizan atracaderos, hielo, servicios públicos y otros servicios de CEVIHAS. Esto debe generar ingresos para la empresa paraestatal.
Después del desembarque, las capturas son transportadas a empresas procesadoras surinamesas. LVV afirma que varias empresas dependen de este suministro para sus operaciones, empleo y actividades de exportación.
Exportación y obligaciones internacionales
El ministerio afirma que una base jurídica actualizada es necesaria debido a las normas internacionales sobre la pesca IUU. En conversaciones con la Comisión Europea, se habría señalado la necesidad de regular jurídicamente de forma adecuada y controlar eficazmente las actividades de los buques pesqueros venezolanos en aguas surinamesas.
Según LVV, sin un acuerdo actualizado existe el riesgo de que la pesca sea considerada internacionalmente como insuficientemente regulada.
Según el ministerio, los acuerdos también son importantes para la recuperación de las exportaciones de los productos pesqueros correspondientes a Estados Unidos. Los compradores internacionales imponen requisitos cada vez más estrictos sobre la legalidad, el origen y la trazabilidad de los productos pesqueros.
LVV subraya que Surinam sigue siendo responsable de la gestión de sus propias poblaciones de peces. Los buques venezolanos deben cumplir las condiciones que Surinam establece para la concesión de licencias, la sostenibilidad, el monitoreo y la aplicación de la ley.
Según el ministerio, el objetivo del acuerdo es crear mayor claridad jurídica y control, y al mismo tiempo garantizar la cadena económica en torno a CEVIHAS, las empresas procesadoras de pescado, el empleo y la exportación.
