La presidenta Jennifer Simons afirma que la Nationale Milieu Autoriteit (NMA; Autoridad Nacional del Medio Ambiente) y las instituciones de apoyo han recibido la orden de cerrar empresas de extracción de oro que no cumplan las normas. En su discurso anual del miércoles 30 de septiembre, vinculó esa orden con la grave contaminación del río Saramacca y la insuficiente aplicación de las normas ambientales.
Según Simons, la contaminación debe ser motivo para un enfoque estructuralmente distinto de la supervisión del sector aurífero. La legislación por sí sola es insuficiente, según ella, si faltan control y aplicación efectiva. “Lo que ha ocurrido en el río Saramacca no puede ser algo tras lo cual volvamos a la normalidad. Debe ser un punto de inflexión”, dijo la presidenta en De Nationale Assemblée (DNA; parlamento de Surinam).
La presidenta no menciona qué empresas son elegibles para el cierre, cuántas infracciones se han determinado ni qué cierres ya se han ejecutado. Simons tampoco señaló en el discurso a una empresa específica como causante de la contaminación del río.
Consecuencias para la alimentación y los medios de vida
La presidenta subrayó que la contaminación para las comunidades a lo largo del río va más allá de un problema ambiental. El río constituye una fuente de agua y alimentos y ha formado parte de su vida cotidiana durante generaciones. Cuando los habitantes ya no confían en esa fuente de alimentos, ello puede tener, según ella, consecuencias duraderas para su seguridad alimentaria, sus medios de vida y su forma de vida tradicional. Simons dijo que se ha dado la orden de apoyar a la comunidad local durante este período. Enfatizó que las instituciones ejecutoras deben brindar ese apoyo lo antes posible.
Supervisión más estricta de la extracción de oro
Según la presidenta, la aplicación de las normas ambientales ha sido gravemente deficiente durante décadas. Por ello, el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de las instituciones que deben supervisar el sector aurífero. Para 2027, Simons anunció además un enfoque más amplio contra la criminalidad, la ilegalidad y la destrucción ambiental dentro del sector. La protección de las comunidades indígenas y tribales, así como de sus zonas de residencia y vida, debe tener prioridad.
El Gobierno quiere regular mejor los derechos de concesión, frenar la proliferación descontrolada y abordar el uso de sustancias químicas. Según el discurso anual, especialmente la extracción de oro a pequeña escala presenta problemas de comercio informal, trazabilidad deficiente y responsabilidades fragmentadas.
Autoridad del oro en preparación
Parte de la reforma es una autoridad del oro que se establecerá por ley, también denominada Gold Board. Esta debe hacer que la cadena del oro sea más controlable desde el momento en que se extrae el oro hasta su exportación.
Con ello, el Gobierno quiere poder rastrear el origen y las transferencias sucesivas del oro, reducir el comercio ilegal y el contrabando, y aumentar la contribución económica del sector. Según Simons, se están realizando los preparativos jurídicos, sustantivos y organizativos, tras lo cual se presentará un proyecto de ley a la DNA.
