Una ley de nacionalidad solo es justa cuando todas las personas que cumplen las mismas condiciones tienen los mismos derechos. La nacionalidad no es una recompensa por logros deportivos, relevancia económica o estatus social. La ascendencia no cambia por profesión, ingresos o notoriedad.
El debate sobre los internacionales surinameses vuelve a demostrar por qué la modificación legislativa de septiembre de 2026 es insuficiente. Un régimen de excepción para determinados grupos no ofrece una solución sostenible para la diáspora surinamesa mundial.
Surinam debe decidir finalmente: ¿determina la ley quién es surinamés o la condición de surinamés seguirá dependiendo de una selección política?
¿Qué debe regular la propia ley?
De Nationale Assemblée (DNA, parlamento de Surinam) debe establecer con precisión quiénes están comprendidos en el régimen, qué líneas de ascendencia y generaciones son elegibles, qué documentos probatorios se exigen y cómo se trata a los antiguos surinameses y sus descendientes.
El punto de partida es el jus sanguinis: la ascendencia demostrable como fundamento legal objetivo. Quien cumpla las condiciones debe obtener la nacionalidad de pleno derecho o tener un derecho legalmente exigible a ella, según la construcción jurídica elegida.
Una propuesta ministerial o una designación personal por el presidente no tienen cabida en la determinación de un derecho de nacionalidad ya existente. Además, la ley debe regular los plazos de decisión, disposiciones transitorias, motivación por escrito y posibilidades efectivas de objeción y apelación. El registro no debe convertirse en un procedimiento de naturalización encubierto.
Seis pasos, los mismos controles para todos
Un modelo de ejecución fiable comprende:
- Registro con información clara y, cuando se requiera, consentimiento por escrito.
- Control oficial de identidad.
- Verificación jurídica de la ascendencia.
- Control de fraude y, en la medida legalmente permitida, de antecedentes relevantes y riesgos para la seguridad nacional.
- Determinación jurídica oportuna y motivada por escrito.
- Inscripción en un registro, con protección jurídica efectiva.
Estos controles deben corresponder a la naturaleza del derecho. Una nacionalidad existente no debe verse afectada por condiciones administrativas adicionales.
El mismo criterio se aplica a un deportista de élite, científico, empresario o alguien sin una posición social especial. Un caso urgente puede tramitarse con mayor rapidez, pero nunca debe otorgar un derecho más sólido. El estatus PSA puede ser un apoyo, sin convertirse en la puerta de acceso exclusiva a la nacionalidad.
Protejan las nacionalidades existentes antes de que entre en vigor el régimen
Una ley que debe acercar a los surinameses a su patria no debe provocar que pierdan involuntariamente su nacionalidad y derechos existentes. El uso de términos como de pleno derecho o determinación en la ley surinamesa no garantiza que se conserve la nacionalidad neerlandesa. Los Países Bajos evalúan las consecuencias conforme a su propia Ley del Reino sobre la Nacionalidad Neerlandesa.
Por ello, la evaluación jurídica independiente previa y, cuando sea necesario, las consultas bilaterales son esenciales. También deben examinarse las consecuencias para las personas con otras nacionalidades extranjeras. A este respecto, debe distinguirse expresamente entre la reparación de errores históricos, la determinación de una nacionalidad existente y la nueva adquisición de una nacionalidad. Una ley que promete nuevos derechos, pero pone en peligro los derechos existentes, no cumple su objetivo.
¿Quién es responsable de qué?
DNA determina los derechos, las condiciones y las garantías, y ejerce supervisión. El Gobierno únicamente establece normas de ejecución dentro de esos límites legales. Una autoridad competente controla los documentos, verifica la ascendencia y registra la determinación jurídica. La justicia independiente garantiza la protección jurídica.
Un Diaspora Directoraat permanente y de funcionamiento profesional, con un mandato legal claro, debe encargarse de la información, la orientación, el apoyo al registro y la coordinación internacional. Surinam dispone en todo el mundo de una red de conocimientos, emprendimiento y contactos internacionales. Esto requiere una política estructural de diáspora, no nuevas excepciones cada vez para grupos seleccionados.
La nacionalidad, el derecho al voto y los derechos a prestaciones sociales deben regularse por separado y cuidadosamente, respetando la Constitución. También los intereses de los residentes merecen protección.
Del principio a la ejecución: DNA debe actuar ahora
El orden correcto es claro: primero una ley sólida, seguida de una evaluación jurídica, normas de ejecución, un registro fiable, personal capacitado, información mundial accesible y supervisión pública. Asimismo, deben investigarse las consecuencias jurídicas restantes de la separación en materia de nacionalidad en torno a la independencia de 1975. No se debe comenzar seleccionando personas para después buscar una justificación jurídica. Cada nueva excepción vuelve a plantear la pregunta de por qué se excluye a otros. De este modo, DNA sigue reparando problemas en lugar de resolverlos estructuralmente.
Cincuenta años después de la independencia, Surinam merece una ley de nacionalidad que sea justa, aplicable y jurídicamente sostenible, también para las futuras generaciones. Mi llamado a DNA: no espere a la próxima víctima o la próxima crisis. Comience de inmediato con una revisión integral.
LA LEY DETERMINA QUIÉN ES SURINAMÉS. EL GOBIERNO APLICA LA LEY. NO AL REVÉS.
Dr. Ruben F. del Prado, MD, M.P.H.
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