Suriname rindió cuentas el lunes 2 de noviembre de 2026 durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en el país. El ministro de Justicia y Seguridad, Harish Monorath, presentó en nombre del Gobierno los resultados correspondientes al período de 2021 a 2026.
Aunque, según el Gobierno, se han logrado avances en diversos ámbitos, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales, la mejora de las condiciones de detención y la creación de instituciones independientes de derechos humanos siguen siendo, entre otros, importantes puntos de atención.
La evaluación tuvo lugar durante el 53.º período de sesiones del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta revisión periódica examina cómo los países cumplen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y qué mejoras son necesarias.
Durante su presentación, el ministro Monorath subrayó que la protección y promoción de los derechos humanos constituyen una responsabilidad permanente del Estado. Según él, la evaluación internacional no solo debe ofrecer una visión de los resultados alcanzados, sino también dejar claro en qué medida las políticas gubernamentales contribuyen efectivamente a mejorar la situación de la población.
Instituto de derechos humanos aún no está operativo
Uno de los principales puntos de atención es la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos independiente. Aunque Suriname lleva tiempo trabajando en los preparativos legales e institucionales, el instituto aún no está operativo.
El Gobierno aspira a que la institución funcione plenamente en 2027. Para ello, debe seguir desarrollándose la base legal. También deben garantizarse la independencia, la financiación y los procedimientos de nombramiento.
En el ámbito legislativo, Monorath señaló la abolición de la pena de muerte tanto en el derecho penal ordinario como en el militar. Además, De Nationale Assemblée (el parlamento de Suriname) aprobó el 23 de julio de 2026 legislación que permite la adhesión al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El procedimiento internacional de adhesión aún debe concluirse.
La adhesión de Suriname a la Convención contra la Tortura en noviembre de 2021 también fue mencionada como un avance importante.
Los derechos territoriales siguen sin resolverse
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales también constituyeron una parte importante de la evaluación. Suriname todavía no cuenta con un marco legal plenamente operativo que reconozca y proteja los derechos territoriales colectivos de estas comunidades.
El proyecto de ley sobre este asunto aún está siendo tratado por De Nationale Assemblée. Según el Gobierno, el Land Rights Project 2026–2030, puesto en marcha en mayo de 2026, debe contribuir a nuevas consultas y al desarrollo de una regulación legal aplicable.
Monorath subrayó la importancia de una participación significativa de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios de residencia y vida. En este contexto se hizo referencia al principio de consentimiento libre, previo e informado.
La aplicación de medidas para proteger los derechos colectivos sigue siendo, por tanto, una cuestión importante para los próximos años.
Más jueces, pero el acceso a la justicia sigue siendo un reto
En el ámbito de la administración de justicia, el Gobierno presentó la ampliación del poder judicial como una mejora importante. El 23 de octubre fueron instalados quince nuevos jueces, con lo que el número total de jueces ascendió a 45.
Además, se espera que once trainees judiciales completen su formación en 2027. También se trabaja en ampliar la capacidad del Openbaar Ministerie.
El Gobierno quiere descentralizar aún más los servicios jurídicos, para que los habitantes de los distritos y las comunidades remotas tengan un acceso más fácil a la justicia y a la asistencia jurídica.
Al mismo tiempo, Monorath reconoció que las condiciones dentro del sistema penitenciario requieren nuevas mejoras. La infraestructura de detención, la atención médica especializada y la supervisión independiente siguen siendo especialmente puntos de atención.
Para el acompañamiento y la reinserción social de las personas detenidas, ya se han desplegado dieciocho gestores de casos certificados.
Protección infantil y prestaciones sociales
La protección de los niños también recibió atención durante la evaluación. Con la Wet Kinderombudspersoon, Suriname ha creado una base legal para una institución especializada que debe supervisar los derechos de los niños.
Sin embargo, la institución aún no está operativa. Un grupo de trabajo prepara la implementación posterior.
Además, el parlamento aprobó el 20 de octubre de 2026 legislación que permite la adhesión a cuatro convenios de La Haya en el ámbito de la protección internacional de la infancia y el derecho de familia. Los procedimientos internacionales y la aplicación práctica aún deben concluirse.
En el ámbito social, el Gobierno señaló el aumento del apoyo financiero para las personas mayores, las personas con discapacidad y los hogares vulnerables. También se ha incrementado la Algemene Kinderbijslag.
Educación y atención sanitaria en el interior
Según el Gobierno, la accesibilidad de la educación y la atención sanitaria en el interior sigue siendo un desafío estructural.
Las grandes distancias, las limitadas posibilidades de transporte, la infraestructura deficiente y la escasez de personal cualificado dificultan el acceso a los servicios básicos.
El Gobierno afirma que trabaja en posibilidades de educación digital, la mejora del transporte escolar y el apoyo alimentario para los alumnos. En la atención sanitaria, se apuesta por un mejor acceso a la atención primaria.
Según Monorath, las condiciones geográficas y los recursos financieros limitados influyen en el ritmo al que pueden aplicarse las mejoras necesarias.
Minería ilegal de oro y contaminación ambiental
Durante el EPU también se abordó la lucha contra los delitos ambientales. En este contexto se prestó atención específica a la minería ilegal de oro y a la posible contaminación del agua y del suelo.
La Environmental Crime Unit del Korps Politie Suriname, creada en abril de 2024, se ocupa de investigar delitos ambientales. Como ejemplos, el Gobierno mencionó investigaciones en Gunsi y Godo Olo en julio y octubre de 2026, respectivamente.
Las autoridades colaboran en este ámbito, entre otros, con el Openbaar Ministerie, la Nationale Milieuautoriteit y el Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.
El Gobierno reconoce que la realización de investigaciones sobre la calidad del agua aún presenta limitaciones, por lo que Suriname depende parcialmente de apoyo extranjero.
Otros países hacen recomendaciones
Durante el diálogo interactivo, diversos países expresaron, según la declaración del Gobierno, tanto su reconocimiento por los avances presentados como recomendaciones para nuevas mejoras.
La atención se centró, entre otros aspectos, en la supervisión independiente de las actuaciones policiales, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la lucha contra la trata de personas, la protección infantil y los derechos de las personas con discapacidad.
También se señaló la necesidad de hacer efectivamente operativas las instituciones independientes de derechos humanos y de proteger mejor los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales.
El ministro Monorath subrayó que la cooperación internacional sigue siendo necesaria para abordar los desafíos existentes.
La evaluación deja claro que varias medidas han sido preparadas legalmente o anunciadas como políticas, pero aún no se han aplicado plenamente. En los próximos años deberá quedar claro en qué medida estas intenciones se traducen en mejoras concretas para la población.
La agenda oficial de la ONU de la cuarta evaluación del EPU de Suriname ofrece acceso a los documentos y la información sobre el examen.
