El problema financiero de la Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) no debe tratarse como si de repente algo hubiera salido mal en una sola empresa estatal.
Según el director Clifton Lienga, la SWM tiene alrededor de SRD 700 millones en deudas con acreedores. Al mismo tiempo, la empresa tiene aproximadamente SRD 300 millones en cuentas por cobrar pendientes. De ese monto, unos SRD 100 millones deberían ser pagados por el propio Gobierno.
Pero quien mira únicamente a la SWM, pasa por alto el problema mayor.
Porque esta historia ya la conocemos. La vemos en la SWM. La vemos en la Energiebedrijven Suriname (EBS). La vemos en la Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Y también la vemos en hospitales y otras instituciones paraestatales.
Una y otra vez vuelve la misma pregunta: ¿cuánto dinero más debe inyectar el Estado en empresas e instituciones antes de que finalmente se reconozca que los subsidios sin reformas no constituyen una política sostenible?
El Gobierno es deudor moroso
Que el propio Gobierno tenga alrededor de SRD 100 millones en facturas pendientes con la SWM es revelador. El mismo Gobierno que espera que ciudadanos y empresarios cumplan sus obligaciones no siempre paga sus propias facturas a tiempo.
¿Cómo puede una empresa estatal funcionar de manera financieramente sana cuando uno de sus mayores clientes, el Gobierno, genera por sí mismo atrasos en los pagos?
Con facturas pendientes no se pueden reemplazar tuberías. Con ello no se mantienen bombas ni se financian inversiones necesarias. Luego nos preguntamos por qué surgen problemas con la presión del agua, el agua descolorida y la infraestructura obsoleta.
El agua cuesta más de lo que paga el consumidor
Según el director de la SWM, el costo de un metro cúbico de agua potable ronda los SRD 90, mientras que la tarifa actual es de aproximadamente SRD 41.
Esa diferencia tiene que salir de algún lado.
Un Gobierno puede decidir conscientemente que los ciudadanos no tengan que pagar el costo total. Esa puede ser una elección social. Pero entonces debe existir un plan claro.
¿Quién paga la diferencia? ¿Cuánto cuesta ese subsidio al año? ¿Para qué grupos está destinado el apoyo? ¿Cuánto tiempo seguirá existiendo el sistema? ¿Y qué monto queda disponible mientras tanto para mantenimiento e inversiones?
Cuando durante años no hay una respuesta clara a estas preguntas, el problema no se resuelve, sino que se posterga.
EBS: el mismo patrón
También en la Energiebedrijven Suriname vemos lo que ocurre cuando las tarifas, las inversiones y los costos reales no se equilibran adecuadamente durante años.
La electricidad debe seguir siendo asequible. Ese punto de partida es comprensible. Pero la capacidad de producción cuesta dinero. El mantenimiento cuesta dinero. El combustible cuesta dinero. Los generadores, las centrales y la ampliación de la red cuestan dinero.
Suriname ha vuelto a experimentar recientemente lo que significa una escasez de capacidad de producción disponible: cortes programados de electricidad, horas sin suministro eléctrico e incertidumbre para hogares y empresas. Estos problemas tampoco surgen de la nada.
Cuando se posponen inversiones necesarias y las tarifas se fijan principalmente por consideraciones políticas, en lugar de estructurarse de manera económica y socialmente responsable, llega finalmente el momento en que el sistema se resquebraja.
Entonces se busca capacidad de emergencia. Entonces se anuncian inversiones millonarias. Entonces el Estado debe intervenir nuevamente.
¿Por qué la política en Suriname comienza tan a menudo solo cuando la crisis ya ha estallado?
SLM: millones disponibles, pero ¿dónde está la rendición de cuentas?
En la Surinaamse Luchtvaart Maatschappij la situación quizá sea aún más clara.
El Estado pone actualmente a disposición alrededor de USD 2 millones mensuales para apoyar a SLM. Al mismo tiempo, desde hace años existe debate sobre la ausencia de informes anuales públicos actualizados y de plena transparencia financiera.
Esa falta de rendición de cuentas financiera no debe normalizarse.
Todo empresario sabe que no se puede seguir inyectando dinero indefinidamente en una empresa sin saber exactamente qué entra, qué sale, cuán elevadas son las deudas, qué pérdidas se sufren y cuándo la empresa debe poder sostenerse financieramente por sí misma.
En una empresa estatal ese control debería ser aún más estricto. Después de todo, no se trata de dinero privado. Se trata de dinero de la sociedad.
El problema no se llama SWM
Por eso debemos cuidarnos de que el debate actual se reduzca a una sola conclusión: la SWM aplica tarifas demasiado bajas.
El problema es mucho mayor.
Se trata de una cultura de gestión en la que gobiernos sucesivos han postergado durante demasiado tiempo decisiones difíciles. Con demasiada frecuencia, los intereses políticos de corto plazo han pesado más que la planificación financiera sostenible y el interés nacional.
Las tarifas se mantienen artificialmente bajas. Se cubren las pérdidas. Las deudas se acumulan. Las inversiones se posponen. El mantenimiento se retrasa. Los nombramientos políticos, la insuficiente evaluación de la competencia y una supervisión débil a veces solo agravan los problemas.
Y cuando financieramente ya no es posible, se vuelve a mirar a las arcas del Estado.
No es un incidente. Es un sistema.
Años de mala gestión tienen un precio
Es fácil decir hoy que el agua debe ser más cara, que la electricidad debe cubrir más sus costos o que SLM debe funcionar de manera más eficiente.
Pero también debemos atrevernos a señalar cómo hemos llegado hasta aquí.
Esto no surgió en un solo año. Es el resultado de años de postergaciones, interferencia política, supervisión insuficiente, disciplina financiera deficiente y muy pocas reformas estructurales.
No solo un Gobierno carga con la responsabilidad. Este problema ha crecido bajo distintos gobiernos.
Todo nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de no volver a trasladar esos problemas al siguiente. De lo contrario, seguiremos dando las mismas vueltas.
Subsidio no es lo mismo que política
No hay nada malo en un subsidio cuando está focalizado y es necesario.
Un ingreso bajo no debe llevar a que alguien no tenga acceso a agua potable limpia. Una familia vulnerable no debe quedarse sin electricidad porque no puede pagar el costo total.
Pero el subsidio debe llegar a las personas que realmente necesitan el apoyo.
Por ejemplo, se puede trabajar con tarifas sociales básicas para hogares vulnerables y tarifas más altas para grandes consumidores. El apoyo puede vincularse a los ingresos. Se puede obligar a las empresas estatales a publicar anualmente cifras financieras actualizadas. Se pueden establecer para la dirección objetivos concretos de desempeño y reforma antes de volver a conceder ayuda estatal.
Y, sobre todo: el dinero público no debe transferirse indefinidamente sin condiciones claras ni control.
Primero transparencia, después la factura al ciudadano
Cuando la SWM afirma que el costo es de aproximadamente SRD 90 por metro cúbico, la sociedad debe poder ver cómo se compone ese costo.
¿Cuánto se destina a personal? ¿Cuánto a energía? ¿Cuánto a mantenimiento? ¿Cuánto a productos químicos y depreciaciones? ¿Qué tan grandes son las pérdidas en la red? ¿Cuánta agua producida finalmente no se paga?
Lo mismo se aplica a EBS. Y ciertamente a SLM.
El ciudadano no puede ser cada vez el destino final de años de fracaso administrativo.
Antes de que las tarifas sigan aumentando o se retiren nuevamente millones de las arcas del Estado, debe haber máxima transparencia sobre las cifras, las causas de los déficits y las medidas que se toman para evitar su repetición.
La factura nunca desaparece
Suriname ha intentado durante demasiado tiempo postergar decisiones difíciles mediante subsidios, cubriendo déficits y trasladando problemas.
Pero una factura que no se paga hoy no desaparece.
Se hace más grande.
En la SWM vemos ahora alrededor de SRD 700 millones en deudas. En EBS vemos cómo los atrasos en capacidad e inversiones terminan teniendo consecuencias para el suministro eléctrico. En SLM vemos cómo el Estado continúa poniendo millones a disposición, mientras faltan rendiciones de cuentas financieras actualizadas e informes anuales públicos.
No son tres historias separadas.
Es una sola historia.
La historia de un país en el que con demasiada frecuencia solo se interviene cuando años de mala gestión presentan su factura.
Y esa factura termina casi siempre en manos de la misma persona:
El ciudadano.
