El Openbaar Ministerie (OM, Ministerio Público) ha aclarado por qué el procureur-generaal (PG, fiscal general) decidió por el momento no dar curso a una solicitud de información. Según el OM, en esta decisión se tuvo en cuenta, entre otras cosas, la investigación penal en curso contra el solicitante, el exministro de Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo. El OM ya está preparando una solicitud para que se inicie una investigación judicial preliminar.
En una declaración del martes 3 de noviembre de 2026, el OM responde a la reciente cobertura y al debate público sobre la solicitud de información dirigida al procureur-generaal. El PG evaluó la solicitud y el 28 de octubre comunicó por escrito que en ese momento no le daría curso.
Según el OM, la investigación penal en curso contra el solicitante desempeña un papel en esta decisión. El exministro de Binnenlandse Zaken fue formalmente acusado el 4 de junio de 2026 por De Nationale Assemblée (DNA, parlamento de Surinam). Esto ocurrió sobre la base de una solicitud del procureur-generaal, de conformidad con la Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA).
Investigación sobre irregularidades financieras
La investigación penal se centra en presuntas irregularidades financieras en el ministerio de Binnenlandse Zaken durante el período de mandato del exfuncionario. La investigación se basa, entre otras cosas, en conclusiones de un informe de la Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).
El OM informa que ya se ha elaborado un proyecto de solicitud para iniciar una investigación judicial preliminar (GVO). Actualmente se está desarrollando más y, según el OM, será presentado próximamente ante el rechter-commissaris.
Una investigación judicial preliminar ofrece la posibilidad de llevar a cabo una investigación penal adicional bajo la dirección de un rechter-commissaris.
El derecho a la información tiene límites
El OM subraya la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas pública y la función de control de De Nationale Assemblée. Al mismo tiempo, el órgano acusador sostiene que el derecho a solicitar información no significa automáticamente que deban proporcionarse todos los datos solicitados.
Según el OM, al evaluar una solicitud de información deben tenerse en cuenta la naturaleza y disponibilidad de la información, las circunstancias en las que se realiza la solicitud y las disposiciones legales aplicables.
El OM recalca que la decisión del procureur-generaal se refiere únicamente a la solicitud en cuestión. Según la institución, no existe una negativa general a hacer pública información sobre la política de persecución penal.
El órgano acusador señala que, entre otras vías, proporciona información sobre sus actividades y la tramitación de casos penales mediante sus informes anuales.
Por último, el OM enfatiza que desempeña sus funciones legales de manera independiente, imparcial y cuidadosa. La institución considera importante que el debate público sobre su funcionamiento tenga lugar sobre la base de información correcta y completa.
