La preparación del informe surinamés sobre derechos humanos para las Naciones Unidas se ha visto dificultada porque diversos ministerios y organismos gubernamentales proporcionaron información insuficiente o no la entregaron a tiempo. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Harish Monorath, el Bureau Mensenrechten (Oficina de Derechos Humanos) envió nada menos que 64 cartas para recopilar los datos necesarios. En varios casos, las respuestas no llegaron o fueron insuficientes.
Declaró esto el ministro el lunes 2 de noviembre de 2026 en una conversación con Key News en Ginebra, poco después de que Suriname presentara su cuarto Examen Periódico Universal (UPR) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según Monorath, debido a ello el Bureau Mensenrechten tuvo que buscar regularmente por sí mismo información sobre avances y medidas que ya se habían implementado en Suriname. Como consecuencia, importantes resultados del Gobierno corrían el riesgo de quedar fuera del informe internacional.
El ministro mencionó, entre otros, recientes avances legislativos y medidas en los ámbitos de la salud pública y los derechos humanos. Algunos de ellos ya no pudieron incluirse en el informe original, porque el plazo de presentación ya había vencido.
Monorath considera que Suriname debe prestar más atención a la recopilación, el análisis y el intercambio oportuno de datos. Precisamente en las evaluaciones internacionales, los datos fiables y actualizados son necesarios, según él, para visibilizar el verdadero progreso del país.
Los derechos territoriales siguen siendo un importante punto crítico
Uno de los temas principales durante la evaluación de la ONU fue el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas y tribales.
Monorath reconoció que Suriname aún debe cumplir importantes obligaciones en este ámbito. Al respecto, se refirió a sentencias judiciales internacionales, entre ellas la sentencia Kaliña y Lokono y la sentencia Saramaka.
El ministro enfatizó que el reconocimiento de derechos colectivos no es únicamente una cuestión de aprobar legislación. Según él, también deben consultarse las comunidades involucradas, crearse respaldo social y los acuerdos deben ser realmente ejecutables.
Durante la entrevista, Monorath fue confrontado con el persistente descontento entre las comunidades indígenas. Se señaló la acción de protesta pacífica en el pueblo de Cabenda, donde representantes de distintos pueblos volvieron a pedir atención para el reconocimiento de sus derechos y la ejecución de sentencias internacionales.
El ministro reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer, pero enfatizó que el Gobierno ha incluido el asunto en su agenda. Según él, es importante que el informe internacional no solo describa los resultados alcanzados, sino que también deje claro qué obligaciones siguen pendientes.
Instituto independiente de derechos humanos aún no se ha concretado
La ausencia de un instituto nacional independiente de derechos humanos también fue abordada explícitamente durante la evaluación.
Monorath explicó que el actual Bureau Mensenrechten forma parte del Gobierno y tiene principalmente la responsabilidad de preparar y coordinar informes internacionales. En cambio, un instituto nacional de derechos humanos debe poder investigar y evaluar de forma independiente en qué medida el Estado cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Según el ministro, actualmente se está trabajando en los preparativos legislativos. El Gobierno aspira a que el instituto esté operativo en 2027.
India ofrece apoyo
Monorath anunció durante la entrevista que India ha ofrecido apoyar a Suriname en la creación del instituto independiente de derechos humanos.
Según el ministro, fue contactado durante su estancia en Ginebra por representantes de India para seguir conversando al respecto.
Además, se están celebrando conversaciones con representantes de otros países, entre ellos los Países Bajos. Por ello, el ministro considera la reunión de la ONU no solo como un momento de evaluación, sino también como una oportunidad para reforzar la cooperación internacional.
Aprobar leyes no es suficiente
Un tema recurrente en la conversación fue la cuestión de hasta qué punto Suriname realmente cumple sus obligaciones internacionales.
Monorath reconoció que aprobar leyes y hacer promesas no significa automáticamente que los derechos humanos estén suficientemente protegidos. Según él, especialmente la aplicación y la implementación efectiva constituyen un gran desafío.
Se refirió, entre otras cosas, a la legislación contra la violencia doméstica, el acoso sexual en el lugar de trabajo, las medidas para proteger a los niños y la abolición de la pena de muerte.
El ministro señaló que el 20 de octubre, cuatro Convenios de La Haya en el ámbito de la protección internacional de la infancia y el derecho de familia fueron aprobados por De Nationale Assemblée (el Parlamento de Suriname). Estos avances ya no pudieron incluirse plenamente en el informe presentado anteriormente.
Suriname también debe completar aún formalidades internacionales relacionadas con la consagración definitiva de la abolición de la pena de muerte dentro del marco de tratados internacionales.
Según Monorath, en el próximo ciclo de la UPR, Suriname deberá poder rendir cuentas principalmente sobre los resultados concretos de las medidas que ya se han adoptado.
Recomendaciones de 68 países
Suriname fue el lunes 2 de noviembre el primero de catorce países evaluados durante la 53.ª sesión de la UPR.
Según Monorath, 68 países formularon recomendaciones. Entre los temas abordados estuvieron los derechos de la infancia, la situación de los grupos vulnerables, los derechos territoriales, la educación, la atención sanitaria y la creación de instituciones independientes de derechos humanos.
Durante la conversación, también se preguntó al ministro sobre la credibilidad del proceso de evaluación, dado que algunos países que formulan recomendaciones enfrentan ellos mismos graves problemas de derechos humanos.
Monorath enfatizó que la UPR está destinada ante todo a evaluar a los países respecto de las obligaciones internacionales y recomendaciones a las que se han comprometido. Por ello, según él, las observaciones de otros países deben tomarse en serio, independientemente de su propia situación.
Derechos humanos y política migratoria
También se abordó la política migratoria surinamesa. Se hizo referencia a observaciones de Haití durante la evaluación y a la reciente expulsión de un grupo de menonitas de Suriname.
Monorath indicó que no cree que las preguntas de Haití se refirieran específicamente a la cuestión de los menonitas.
Sin embargo, enfatizó que la aplicación de leyes y reglamentos a los extranjeros debe realizarse de manera humana y justa. Al respecto, señaló el principio de igualdad ante la ley.
El ministro afirmó que el Gobierno debe hacer cumplir la ley, pero que ello no debe significar que se pierda de vista la dignidad humana.
Informe el 13 de noviembre
La evaluación de Suriname está acompañada por tres países: Bolivia, Mauricio y Chipre. Esta denominada troika cumple una función de elaboración de informes y facilitación dentro del procedimiento de la UPR.
Según el programa oficial de la ONU, la adopción del informe con recomendaciones está prevista para el viernes 13 de noviembre de 2026.
Monorath afirma estar satisfecho con el desarrollo de la evaluación. Enfatizó que Suriname, pese a sus recursos limitados y su población relativamente pequeña, ha logrado avances, según él.
Al mismo tiempo, el ministro reconoce que aún deben realizarse muchas mejoras.
En particular, una mejor cooperación entre los ministerios, una recopilación fiable de datos y la aplicación efectiva de la legislación de derechos humanos deben garantizar que Suriname pueda presentar más resultados concretos en una próxima evaluación internacional.
