El juez de medidas provisionales rechazó el jueves 29 de octubre de 2026 las demandas de Suriname Green Energy Agriculture N.V. contra el Estado de Suriname. La empresa agrícola había solicitado al juez que detuviera la prevista expulsión de un grupo de menonitas de Suriname.
Con la sentencia, la empresa no obtuvo la protección judicial solicitada contra la expulsión. La parte demandante también fue condenada al pago de las costas procesales. La sentencia fue declarada ejecutable provisionalmente, lo que significa que las partes pertinentes de la decisión pueden ejecutarse incluso en caso de una eventual apelación.
El procedimiento de medidas provisionales fue iniciado el martes 27 de octubre por Suriname Green Energy Agriculture N.V., representada por el abogado Derrick Veira. El procedimiento siguió a la retirada de unos sesenta menonitas de la zona de Masonia. Los implicados fueron trasladados por la policía a Kraka, en el distrito de Para.
Disputa sobre el estatus de residencia
Durante la audiencia, el estatus de residencia de los menonitas y la legalidad de la prevista expulsión fueron centrales. El Estado sostuvo que los extranjeros implicados no disponen de los documentos de residencia requeridos.
El abogado Veira argumentó, por el contrario, que se habían presentado solicitudes de una Machtiging tot Kort Verblijf (MKV, autorización de estancia corta), pero que el Gobierno no había respondido a ellas. La empresa agrícola también señaló acuerdos previos con el Gobierno y las consecuencias que la expulsión tendría para las actividades agrícolas.
El Estado cuestionó varias partes de esta argumentación y sostuvo, entre otras cosas, que las demandas eran prematuras.
La expulsión podría ser el siguiente paso
El ministro Harish Monorath de Justicia y Seguridad había anunciado anteriormente que las autoridades procederían a la expulsión si el juez rechazaba las demandas.
Con la sentencia, se rechazó la solicitud de detener la prevista expulsión. Aún no se sabe si las autoridades procederán efectivamente a la expulsión ni cuándo lo harán.
Las consideraciones jurídicas precisas del juez y el importe de las costas procesales concedidas aún deben desprenderse de la sentencia escrita. Tampoco se sabe aún si la parte demandante interpondrá una apelación.
