Las críticas al Gobierno, las opiniones políticas divergentes o la participación activa en debates en las redes sociales no deben constituir por sí mismas motivo para una investigación policial digital.
Lalmahomed subraya que la modernización del procedimiento penal es necesaria para combatir la delincuencia de forma más eficaz. Cada vez con mayor frecuencia, las pruebas se encuentran en teléfonos móviles, computadoras, servidores y plataformas de comunicación digital. Según él, Surinam debe disponer por ello de instrumentos legales adecuados para investigar hechos delictivos. Al mismo tiempo, advierte que la ampliación de las facultades de investigación debe ir acompañada de límites legales claros y un control efectivo.
«Una ley no es buena porque otorga más facultades al Gobierno. Una ley es buena cuando otorga las facultades adecuadas, bajo condiciones claras, con control efectivo y con suficiente protección contra los abusos», afirma Lalmahomed.
Las opiniones políticas no deben ser motivo de investigación
Un punto importante de su intervención es la protección de los ciudadanos que se expresan críticamente sobre los desarrollos políticos y sociales. Según Lalmahomed, los jóvenes y otros ciudadanos deben poder confiar en que las facultades de investigación se utilicen exclusivamente sobre la base de sospechas concretas y criterios legales.
«La crítica al Gobierno no es en sí misma un hecho punible. Una opinión divergente no es prueba de criminalidad. Y una presencia activa en las redes sociales no es carta blanca para una investigación ilimitada sobre la vida privada de alguien», enfatiza.
El parlamentario considera que esta protección no solo es importante para los jóvenes que se pronuncian políticamente, sino para todos quienes desean poder comunicarse libremente dentro de una sociedad democrática.
Con sus observaciones, llama la atención sobre el riesgo de que las amplias facultades de investigación digital no estén suficientemente delimitadas. De la intervención no se desprende que cite casos concretos de investigación policial digital motivada políticamente. Su advertencia se centra principalmente en las garantías legales que deben prevenir los abusos.
También pueden investigarse datos de ciudadanos inocentes
Lalmahomed también señala las consecuencias que la investigación policial digital puede tener para personas que no son sospechosas de nada. Cuando, por ejemplo, se examina un teléfono, una computadora portátil o un servidor empresarial, también pueden quedar expuestas conversaciones privadas, fotografías y otros datos personales de terceros.
Según él, por ello debe quedar claro qué información pueden investigar los servicios de investigación, durante cuánto tiempo pueden conservarse los datos y qué posibilidades tienen los ciudadanos para impugnar actuaciones ilegítimas.
Pregunta al Gobierno, entre otras cosas, si los ciudadanos pueden ser informados posteriormente cuando sus datos hayan sido recopilados durante una investigación penal. También quiere saber si los involucrados pueden hacer eliminar datos personales conservados innecesariamente.
«La protección jurídica no debe existir únicamente para las personas que disponen de suficiente dinero para pagar asistencia legal o que comprenden exactamente qué ocurrió técnicamente con sus datos», afirma Lalmahomed.
Subraya que el Estado de derecho también debe ofrecer protección a los ciudadanos que no conocen suficientemente sus derechos.
Atención especial a los jóvenes
En su intervención, Lalmahomed también se detiene en la posición de los menores de edad. Señala que gran parte de su vida social se desarrolla actualmente de forma digital. Los teléfonos no solo contienen información personal, sino también conversaciones e imágenes de amigos, compañeros de clase y familiares.
Cuando un joven es sospechoso en una investigación penal, ello no debe significar automáticamente, según él, que los datos personales de decenas de otras personas puedan ser investigados sin límites.
Por ello, el parlamentario pregunta qué garantías legales especiales se aplican cuando menores de edad se ven involucrados directa o indirectamente en investigaciones digitales.
Al mismo tiempo, reconoce que los jóvenes deben ser protegidos contra el ciberacoso, las amenazas, el fraude digital, la extorsión y la difusión no autorizada de imágenes personales. Según él, también debe poder actuarse contra los jóvenes que cometen por sí mismos hechos delictivos.
Límites claros y control judicial
Lalmahomed quiere saber del Gobierno en qué circunstancias se requiere autorización judicial previa para una investigación policial digital. También pregunta cómo se controla que los servicios de investigación se mantengan dentro de los límites de una autorización concedida.
Asimismo, aboga por normas claras sobre la seguridad, conservación, destrucción y reutilización de datos digitales.
Según él, también debe garantizarse la fiabilidad de las pruebas digitales y la defensa debe tener la posibilidad de verificar dichas pruebas.
Además, propone considerar la evaluación de las nuevas facultades de investigación después de, por ejemplo, dos años. De Nationale Assemblée (el parlamento de Surinam) podría entonces examinar con qué frecuencia se han aplicado las facultades, qué irregularidades se han constatado y si la protección legal funciona suficientemente en la práctica.
No se opone a la modernización
Lalmahomed deja claro que su postura crítica no significa que se oponga a la ampliación o modernización de las posibilidades de investigación. Reconoce que el Gobierno necesita instrumentos suficientes para proteger a las víctimas y combatir eficazmente la delincuencia.
No obstante, considera que la seguridad y la privacidad no deben colocarse una frente a la otra.
«La seguridad y la privacidad no son polos opuestos. Un Estado de derecho que funciona bien protege a los ciudadanos contra la delincuencia y contra actuaciones gubernamentales ilegítimas», según Lalmahomed.
Subraya estar dispuesto a colaborar en legislación que refuerce la investigación, siempre que las facultades estén claramente delimitadas y los ciudadanos gocen de suficiente protección jurídica.
Concluye su intervención con el mensaje: «Un Estado de derecho fuerte no se mide por la cantidad de poder que posee el Gobierno, sino por la manera en que utiliza y limita ese poder.»
