La mortandad de peces en el río Saramacca no es, según la Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (PALU), un incidente aislado, sino un desastre nacional. El partido considera que el Gobierno ha tomado medidas insuficientes y pide una investigación más amplia, plena transparencia y una mejor protección de las comunidades a lo largo del río.
Hace casi tres meses, el propio río Saramacca dio la alarma: se produjo una mortandad masiva de peces. La semana pasada, la presidenta Jennifer Simons finalmente habló con claridad, según la PALU: Grassalco es responsable y seguiría una carta. Nada más.
La PALU afirma que esta cuestión no puede resolverse con una carta. Según el partido, se trata de un desastre nacional que también debe ser denominado y tratado como tal.
No comer pescado
A finales de junio surgieron los primeros informes sobre peces muertos en el río. Según la PALU, transcurrieron más de dos meses antes de que la Nationale Milieu Autoriteit (Autoridad Nacional del Medio Ambiente) aportara claridad.
La semana pasada, la presidenta confirmó lo que muchos ya temían, según el partido: el cianuro fue la causa de la mortandad de peces y se han encontrado concentraciones elevadas de metales pesados, también en peces vivos.
A las comunidades alrededor de la Moeroekreek y del área donde esta desemboca en el río Saramacca, donde pueblos indígenas y Marrons viven desde hace generaciones y dependen del río, se les aconseja ahora no comer más pescado procedente del río.
Según la PALU, es un mensaje duro para comunidades para las que el río no es un asunto secundario, sino una fuente importante de sustento.
El río no se detiene en el límite de la concesión
La PALU considera insuficiente la respuesta de la presidenta. Según el partido, ella habla principalmente de las comunidades en las inmediaciones de la concesión y de la Moeroekreek.
“Pero los metales pesados no desaparecen. Se acumulan, son arrastrados por la corriente y pueden contaminar el agua hasta muy adentro de la llanura costera, donde viven muchas más personas que solo en las inmediaciones de Grassalco”, afirma el partido.
La PALU pregunta por qué no se emite una advertencia para los habitantes a lo largo de todo el río Saramacca, hasta su desembocadura. El partido también quiere saber cuáles son las posibles consecuencias para los peces de la zona costera a la que finalmente llega el agua contaminada del río.
¿Intereses en la cúpula del Gobierno?
La PALU también considera llamativo que la presidenta no haya hablado sobre empresas que, con autorización de Grassalco, supuestamente extraen oro en la misma zona de concesión utilizando cianuro.
Según el partido, tampoco se ha dicho nada sobre una posible prohibición de la importación de cianuro ni sobre una supervisión más estricta de la extracción de oro en la que se utiliza esta sustancia.
La PALU afirma que la población indígena local sospecha desde hace tiempo que intereses en la cúpula del Gobierno desempeñan un papel. Si nuevamente no se adoptan medidas concretas, el Gobierno contribuirá por sí mismo a reforzar esa sospecha, según el partido.
El pueblo paga la cuenta
Grassalco es una empresa estatal y, por tanto, según la PALU, propiedad de la sociedad. Cuando la empresa sea considerada responsable de los daños, la cuenta terminará recayendo sobre el pueblo, según el partido.
“La misma población que ahora ya sufre por el agua contaminada y la pérdida de la pesca, pronto también pagará los costos de recuperación”, según la PALU.
El partido considera que hasta ahora no se han adoptado medidas concretas y estructurales para evitar una repetición.
Protejan al pueblo, no solo la imagen del Gobierno
La PALU exhorta a la presidenta a emitir de inmediato una advertencia amplia para todas las comunidades río abajo a lo largo del río Saramacca y en la costa, cerca del Coppename. Según el partido, la advertencia no debe limitarse a los residentes alrededor de la Moeroekreek.
Según la PALU, también debe realizarse sin demora una investigación en la zona costera donde el agua del río desemboca en el mar. Debe determinarse si los peces, cangrejos y otros animales marinos están contaminados.
Según el partido, los resultados de la investigación deben hacerse plenamente públicos y no pueden desaparecer en un informe cerrado.
Además, la PALU exige claridad sobre las empresas que extraen oro con cianuro en la zona de concesión de Grassalco y sobre la autorización concedida para ello. Según el partido, ocultar esta información aumentará aún más la desconfianza existente.
Evitar una repetición
La PALU exhorta a la presidenta Simons a tomarse en serio su responsabilidad como líder del Gobierno. Según el partido, la entrega de paquetes de alimentos a las familias afectadas no es una política estructural, sino solo una medida de emergencia temporal.
Debe haber claridad y protección para todos los que viven a lo largo del río, desde la zona de concesión hasta el mar. El partido también aboga por una supervisión estricta e independiente de la extracción de oro en la que se utiliza cianuro.
“Se necesita valentía política para nombrar también los intereses incómodos. La repetición de esta contaminación por cianuro, que amenaza la vida, debe evitarse a toda costa”, afirma la PALU.
Secretaría de PALU, Comunicación de masas y RR. PP.
