Incluso un vendedor de embutidos debe saber cuántos embutidos debe comprar, cuáles son sus costos y cuánto le queda después de la venta. En una operación como el ordenamiento del sector aurífero, sin duda debe esperarse esa fundamentación financiera. Sin embargo, en la explicación publicada sobre el nuevo plan de ordenamiento faltan objetivos concretos y medibles, así como proyecciones con fundamento financiero. La ejecución está prevista para el período 2026–2028. Pero mencionar un período aún no deja claro qué resultados deben haberse alcanzado en qué fecha.
En la primera parte, la rendición de cuentas sobre los intentos anteriores de ordenamiento ocupó un lugar central. Ese antecedente es importante. Quien no puede indicar por qué los esfuerzos anteriores tuvieron resultados insuficientes, difícilmente puede explicar de manera convincente por qué un nuevo enfoque sí dará resultados. A ello se suma una segunda responsabilidad: dejar claro de antemano cuánto cuesta esta operación y qué debe generar.
¿Cuánto cuesta el ordenamiento y qué genera?
¿Cuánto cuestan el registro, las capacitaciones, los equipos, los controles y el despliegue de personal? ¿Quién paga eso? ¿Cuántos ingresos estatales adicionales se esperan anualmente y en qué se basan esas expectativas? ¿Cuánto queda neto después de deducir los costos de ejecución?
Anunciar más ingresos es fácil. Sin embargo, presentar un cálculo verificable requiere cifras, supuestos y una comprensión de los riesgos.
Los objetivos ambientales deben ser medibles
Los objetivos ambientales también deben ser medibles. ¿Cuántos mineros deben trabajar sin mercurio y en qué momento? ¿En cuánto debe disminuir el uso de mercurio? ¿Qué mejora de la calidad del agua se busca? ¿Quién establece la situación inicial y quién mide el progreso?
En el plan, la Nationale Milieu Autoriteit (NMA, Autoridad Nacional del Medio Ambiente) recibe un papel importante en las capacitaciones y los métodos alternativos de extracción. La NMA tiene tareas ambientales legales, entre ellas supervisión, sensibilización e involucramiento de expertos. Pero con ello aún no queda establecido que todas las personas, recursos y conocimientos técnicos necesarios estén disponibles.
A través del proyecto EMSAGS, empleados de, entre otros, NIMOS, antecesora de la NMA, y de la organización de ordenamiento recibieron anteriormente capacitaciones en geología, técnicas mineras y monitoreo. ¿Qué conocimientos se han conservado? ¿Quién impartirá próximamente las capacitaciones prácticas? ¿Quién controlará después si las técnicas se aplican de manera responsable?
Facultades legales y capacidad de ejecución
También en el plano jurídico, el grupo de trabajo debe aportar claridad. La Ley Marco Ambiental y la decisión sobre la evaluación de impacto ambiental (MEA) ofrecen instrumentos, pero con ello aún no se ha demostrado que todas las normas de ejecución para este enfoque estén vigentes.
¿Qué facultades pueden utilizarse directamente y qué normas adicionales son necesarias? Una presentación no resuelve facultades faltantes, escasez de personal o falta de recursos.
Clara distribución de tareas entre las instancias gubernamentales
La Belastingdienst y las autoridades sanitarias deben participar desde el inicio. Pero sentarse a la mesa por sí solo es insuficiente. Debe quedar establecido de manera estructural qué instancia registra, quién controla los datos, quién recauda los impuestos y quién actúa ante infracciones. Esto debe ir acompañado de facultades claras, personal suficiente y un presupuesto disponible.
Lo mismo se aplica al acceso anunciado a la atención sanitaria. ¿Quién organiza esa atención, quién la financia y quién supervisa la ejecución? Un grupo de trabajo puede preparar un enfoque. La ejecución debe alojarse de forma sostenible en instituciones responsables y que rindan cuentas por ello, incluso después de que el grupo de trabajo haya concluido su tarea.
¿Qué preguntas críticas ha planteado la presidenta Simons?
También merece atención el papel de la presidenta Simons. Durante diez años fue presidenta de De Nationale Assemblée (el parlamento de Surinam). De alguien con esa experiencia parlamentaria se puede esperar que pregunte a fondo sobre los intentos anteriores de ordenamiento, la base legal y el gasto de fondos públicos.
Según el informe, ella reaccionó con entusiasmo. ¿Qué preguntas críticas planteó? ¿Preguntó por los resultados de OGS y de los centros de demostración y capacitación existentes? ¿Por las evaluaciones, la rendición de cuentas financiera y la capacidad de la NMA? ¿Qué condiciones vinculó a la ejecución? La sociedad también tiene derecho a saber qué fundamentación exigió la presidenta y qué acuerdos se hicieron antes de que se vuelvan a gastar fondos públicos.
Cada florín público gastado debe ser verificable
Sin rendición de cuentas financiera, todas esas promesas valen poco. Cada florín público gastado debe ser verificable: cuánto se gastó, en qué, por quién y con qué resultado. Esto requiere informes financieros públicos y control independiente.
Por ello, publiquen un presupuesto, proyecciones de ingresos fundamentadas, objetivos ambientales medibles y plazos. Establezcan también de inmediato quién es responsable de qué y rindan cuentas en momentos fijos sobre los costos, el progreso y los resultados.
Surinam debe poder determinar qué genera realmente este ordenamiento: para el erario público, para el medio ambiente y para las personas que viven y trabajan en las zonas involucradas.
El cambio prometido debe hacerse visible
En la antigua forma de trabajar, apenas se rendían cuentas. Este gobierno prometió durante la campaña electoral cambiar el sistema y emprender un nuevo camino. Den entonces forma a esa promesa: dejen claro cuánto cuesta este plan, qué debe generar, quién es responsable y cómo se rendirán cuentas al respecto. Esa apertura sería un primer paso concreto para hacer visible el cambio prometido.
