La posición del ministro Harish Monorath de Justicia y Seguridad sigue siendo incierta. La presidenta Jennifer Simons no dio claridad el lunes 9 de noviembre, durante una conferencia de prensa del gobierno, sobre la permanencia del ministro. El martes 10 de noviembre hablará con él, tras lo cual se informará más detalladamente a la sociedad.
Monorath lleva ya bastante tiempo bajo fuego debido a las críticas sobre su desempeño, el abordaje de la criminalidad y su implicación en el caso relacionado con la Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Dentro del partido opositor VHP incluso se habían realizado anteriormente preparativos para una moción de censura contra él.
Durante la conferencia de prensa se preguntó a la presidenta si Monorath puede permanecer en el cargo o debe renunciar a su función. Simons no dio una respuesta definitiva. Se refirió principalmente a las medidas anunciadas por el gobierno para combatir el aumento de la criminalidad en Surinam.
La incertidumbre sobre la posición de Monorath surge en un momento en que persisten las críticas de la oposición a su desempeño y los desarrollos jurídicos en torno a TAS han planteado nuevas preguntas sobre sus anteriores responsabilidades administrativas.
VHP preparaba moción de censura
El debate político sobre Monorath alcanzó un nuevo punto álgido a principios de noviembre, cuando surgieron informes de que dentro de la bancada de VHP se estaban realizando preparativos para una moción de censura contra el ministro.
La moción prevista estaba relacionada con las críticas a su anterior implicación en TAS y las preguntas sobre transacciones financieras y el contrato laboral de la exdirectora Wendy Jap-A-Joe.
Monorath confirmó el 5 de noviembre, durante una entrevista con ABC Actueel, que estaba al tanto de los preparativos. Finalmente, según él, se quedó en preguntas de parlamentarios y la moción no fue presentada.
Como informó anteriormente Key News, el ministro subrayó que DNA (De Nationale Assemblée, el parlamento de Surinam) tiene el derecho de presentar una moción de censura, pero que la facultad final de destituir a un ministro corresponde a la presidenta.
VHP, con sus 17 escaños, no dispone por sí sola de una mayoría en el parlamento de 51 escaños. Por lo tanto, una posible moción también necesitaría el apoyo de otros parlamentarios para ser aprobada.
Jogi ya había expresado dudas sobre el desempeño del ministro
Las críticas a Monorath no surgieron únicamente por el caso TAS. El parlamentario de VHP Mahinder Jogi ya cuestionó abiertamente en julio de este año el desempeño del ministro.
Durante un debate parlamentario sobre la cuestión de seguridad en el interior, Jogi expresó su insatisfacción con las respuestas de Monorath. Se preguntó si el ministro era suficientemente capaz de ejercer sus responsabilidades en materia de seguridad.
Jogi sostuvo entonces que la presidenta debía considerar realizar cambios en su gabinete. Según el parlamentario, DNA recibió respuestas concretas insuficientes a las preguntas sobre la situación de seguridad y la actuación de las autoridades judiciales.
En el artículo anterior de Key News sobre el llamado de Jogi a la destitución también se prestó atención a sus preocupaciones sobre la cooperación entre el ministerio y el Openbaar Ministerie.
Las críticas recurrentes dejan claro que el debate sobre la posición de Monorath ya lleva varios meses.
Denuncia penal contra TAS aumenta la presión política
La situación se intensificó aún más después de que el Raad van Commissarissen de TAS presentara el 5 de noviembre una denuncia penal formal ante el procurador general contra Monorath y la exdirectora Wendy Jap-A-Joe.
Monorath era en 2021 presidente-comisario de TAS y entonces firmó el contrato laboral de Jap-A-Joe.
Según el actual RvC, existen sospechas de beneficios financieros ilícitos y de posibles violaciones de los procedimientos legales en la celebración y ejecución del contrato.
El consejo quiere investigar, entre otras cosas, si hubo corrupción, pagos ilícitos y otros posibles delitos.
Key News informó ampliamente sobre la denuncia penal y las sospechas del RvC.
El juez cantonal suspendió anteriormente de manera provisional el controvertido contrato laboral. El Hof van Justitie confirmó el 30 de octubre la anterior decisión judicial.
Sin embargo, las sentencias no significan que Monorath haya sido declarado penalmente culpable. La denuncia penal presentada tampoco constituye por sí misma una prueba de actos delictivos.
Monorath ha rechazado las acusaciones de haber actuado sin competencia. Según él, estaba facultado para firmar el contrato sobre la base de una resolución presidencial y una decisión gubernamental.
Brunswijk defiende a Monorath
A pesar de las críticas, Monorath ha recibido apoyo del presidente de ABOP y miembro de DNA Ronnie Brunswijk.
Brunswijk afirmó durante el debate parlamentario sobre la cuestión TAS que Monorath actuó entonces sobre la base de una resolución presidencial. Según él, por lo tanto no se puede reprochar sin más al ministro haber actuado por cuenta propia.
En un informe anterior de Key News, Brunswijk defendió las actuaciones de su compañero de partido. En ello hizo una distinción entre el debate jurídico sobre TAS y la evaluación del desempeño de Monorath como ministro.
El propio Monorath también ha subrayado que su ministerio, pese a los limitados recursos financieros, obtiene resultados. Se refiere, entre otras cosas, a trabajos en el ámbito de la legislación, el fortalecimiento del poder judicial y las obligaciones internacionales de derechos humanos de Surinam.
Según el ministro, las críticas no toman suficientemente en cuenta los esfuerzos de su ministerio y de sus empleados.
La criminalidad violenta provoca nueva confrontación política
Además del caso TAS, el abordaje de la criminalidad violenta se ha convertido ahora también en el centro del debate político.
El reciente robo armado mortal en la Wilhelminastraat y el tiroteo en la Jozef Israëlstraat han reavivado las preocupaciones sobre la seguridad.
El parlamentario de VHP Chanrui Wang habló en DNA de un punto bajo para la sociedad y expresó críticas al enfoque de seguridad del gobierno.
Además, la bancada de VHP presentó el domingo 8 de noviembre una propuesta de interpelación para convocar a la presidenta Simons al parlamento a dar explicaciones sobre el aumento de robos a mano armada y homicidios durante robos.
La oposición quiere, entre otras cosas, claridad sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la capacidad disponible de la policía.
Key News informó anteriormente sobre ello en el artículo VHP quiere convocar a la presidenta Simons al parlamento debido a la grave criminalidad violenta.
La propuesta de interpelación es independiente de la moción de censura contra Monorath tratada anteriormente, pero muestra que la política de seguridad del gobierno también se está convirtiendo cada vez más explícitamente en objeto de debate parlamentario.
Simons señala la responsabilidad de los servicios de seguridad
Durante la conferencia de prensa del lunes también se preguntó a Simons quién será considerado responsable si las medidas de seguridad anunciadas no conducen a una disminución de la criminalidad.
Según la presidenta, la primera responsabilidad de la ejecución recae en los servicios de seguridad. El Ministerio de Justicia y Seguridad debe garantizar que cuenten con suficientes recursos y apoyo.
La jefa de Estado también señaló la responsabilidad del gobierno y de la sociedad. Dijo haber escuchado de la policía que los delincuentes a veces reciben ayuda de personas que les dan alojamiento o los encubren.
Simons llamó a los ciudadanos a compartir información con la policía y a mantenerse alerta en su entorno residencial.
Regresan los puestos de control en los distritos
La presidenta dejó además claro que las medidas anunciadas no están dirigidas exclusivamente al centro de la ciudad y a la zona de ocio de Paramaribo.
Los barrios residenciales, los distritos y el interior también serán incluidos en el enfoque de seguridad reforzado. En determinados lugares de los distritos se volverán a desplegar puestos de control.
La policía deberá determinar, sobre la base de datos sobre criminalidad, dónde se necesitan con mayor urgencia efectivos y recursos adicionales.
Simons reconoció que una vigilancia más intensiva en determinados lugares puede llevar a que los delincuentes se desplacen a otras zonas. Por ello, las medidas deben evaluarse continuamente y ajustarse cuando sea necesario.
Con el enfoque reforzado, el gobierno también quiere evitar que la criminalidad siga aumentando de cara a diciembre, un período en el que, según la presidenta, por lo general se cometen más delitos.
La decisión política corresponde a la presidenta
Los acontecimientos sitúan a la presidenta Simons ante una decisión importante sobre la composición de su gabinete.
Por un lado, Monorath se enfrenta a críticas persistentes de la oposición sobre su desempeño y la política de seguridad. Por otro lado, el caso TAS ha dado lugar a una denuncia penal, mientras su compañero de partido Brunswijk continúa defendiéndolo públicamente.
Simons indicó anteriormente en el programa Kal Aaj Aur Kal que toma en serio la denuncia penal y que no quiere dejar de lado el asunto. También señaló que no quiere engañar a la sociedad.
Aunque ya está claro que la jefa de Estado hablará con Monorath, todavía no ha indicado qué consecuencias podría tener esa conversación para su ministerio.
El martes 10 de noviembre deberá quedar claro si Simons mantiene su confianza en el ministro o decide realizar cambios dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad.
