Sewcharan expuso ante el Hof que el período de nombramiento de cinco años de Jap-A-Joe expiró el 19 de octubre de 2026. Con ello, según él, también concluyó su facultad para actuar como directora de la TAS. El abogado sostiene que el Raad van Commissarissen (RvC, Consejo de Comisarios) es responsable de la administración de la autoridad de telecomunicaciones desde el 20 de octubre.
La tercera cuestión, y según Sewcharan la jurídicamente más interesante, se refiere al contrato de trabajo en el que Jap-A-Joe se basa. Ella sostiene que dicho contrato protege sus derechos y que su situación jurídica no terminó automáticamente con la expiración del período de nombramiento.
Según abogado, no se siguió el procedimiento legal
Sewcharan argumenta que el contrato de trabajo del 1 de noviembre de 2021 no se celebró de conformidad con la Wet Telecommunicatievoorzieningen.
De acuerdo con el artículo 4, apartado 4, de esta ley, las condiciones laborales del director deben ser establecidas por el ministro de Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), después de escuchar al Raad van Commissarissen y de obtener previamente la aprobación del Raad van Ministers.
Según el abogado, estos requisitos legales no fueron cumplidos al celebrar el contrato con Jap-A-Joe.
El documento fue firmado por Jap-A-Joe y el entonces presidente-comisario de la TAS. Sewcharan sostiene que en ninguna parte se evidencia que se haya escuchado al RvC en pleno, que el ministro haya participado en su elaboración o que el Raad van Ministers haya otorgado su aprobación.
Sobre esta base, concluye que el contrato no puede constituir una base jurídica para la continuación de su cargo como directora.
Resolución de nombramiento respaldaba las funciones de Jap-A-Joe
A la pregunta de si esto significa que Jap-A-Joe ejerció como directora durante los últimos cinco años sin una base jurídicamente válida, Sewcharan respondió negativamente.
Según él, sus funciones durante ese período estuvieron jurídicamente respaldadas por la resolución presidencial de nombramiento. Esa resolución establecía tanto su designación como su duración.
El abogado también rechaza la postura de que sea necesaria una resolución presidencial de destitución separada para poner fin al cargo de directora.
Según Sewcharan, el nombramiento termina automáticamente cuando expira el plazo establecido en la resolución. Un contrato celebrado por un órgano inferior no puede, según él, prevalecer sobre el contenido de una resolución presidencial.
Si el presidente decidiera volver a nombrar a Jap-A-Joe como directora, según Sewcharan sería necesaria una nueva resolución de nombramiento, con vigencia a partir del 20 de octubre de 2026.
La situación jurídica sigue siendo objeto de disputa
Jap-A-Joe y sus abogados rechazan que la expiración del período de nombramiento ponga automáticamente fin a sus derechos contractuales.
En primera instancia, ella había pedido al juez suspender la transferencia de la administración y las medidas relacionadas hasta que se obtuviera claridad sobre su situación jurídica en un procedimiento sobre el fondo.
El juez cantonal rechazó esa solicitud el lunes 26 de octubre. También se determinó que Jap-A-Joe ya no podía actuar en nombre de la TAS y que debía transferir sus responsabilidades administrativas.
El juez dejó provisionalmente sin efecto la ejecución del contrato de trabajo en la medida en que se refiere a la continuación del cargo de directora y las facultades vinculadas a este después del 20 de octubre de 2026. La validez jurídica definitiva del contrato deberá decidirse, en su caso, en un procedimiento sobre el fondo.
Jap-A-Joe interpuso una apelación contra la sentencia. Su defensa, encabezada por la abogada Iris Nazir, quiere que el Hof anule la decisión anterior.
Sewcharan espera una sentencia pronta
Sewcharan reconoce que los procedimientos legales ocupan las actividades de la TAS. Los representantes de la autoridad deben liberar tiempo para el caso judicial, mientras continúan las labores regulares.
No obstante, confía en un resultado favorable para la TAS.
La apelación es examinada por una sala de tres jueces del Hof van Justitie. Sewcharan espera que el Hof emita una sentencia a corto plazo.
En última instancia, corresponde al Hof evaluar si la decisión del juez cantonal se mantiene, se modifica o se anula.
